El Ministerio de Economía capacitó a 26 servidores administrativos de la Corte de Cuentas de la República sobre la aplicación y el valor jurídico de la firma electrónica.

El seminario virtual, coordinado por el Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), fue facilitado por el administrador de relaciones estratégicas de la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía, Lic. Carlos Ernesto Avilés quien aseguró que esta herramienta dentro de la Administración Pública constituye un pilar indispensable para alcanzar la modernización del Estado.

El artículo 1 de la Ley de Firma Electrónica aprobada en el 2015, establece que es objeto de esta equiparar la firma electrónica simple y la firma electrónica certificada con la firma autógrafa; otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica certificada, sello electrónico, sello de tiempo, documentos electrónicos y a los mensajes de datos; así como regular y fiscalizar lo relativo a los proveedores de servicios de certificación, y a los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.

Se espera que una vez la firma electrónica sea implementada en los procesos de la administración pública se favorecerá la agilidad de estos en beneficio de la ciudadanía.

Más de 60 funcionarios de diversas entidades públicas recibieron, en modalidad virtual, el tema “Marco Referencial de las Funciones de la Corte de Cuentas de la República”, con el objetivo que conozcan y se familiaricen con la ley de esta Entidad Fiscalizadora y la apliquen de forma efectiva en la ejecución de sus actividades. La capacitación se realizó en dos jornadas de cuatro horas cada una los días 29 y 30 de mayo.

Este proceso de formación organizado por el Centro de Investigación y Capacitación abarcó al talento humano de nueve instituciones: Asamblea Legislativa, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional de Judicatura, Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Alcaldía Municipal de Metapán y Alcaldía Municipal de Jucuapa.

De esta forma, la CCR continúa ejerciendo su rol de asesora para el fortalecimiento de la administración pública y cumple con el Art. 5 numeral 9 de su ley orgánica, que dicta “capacitar a los servidores de las entidades y organismos del sector público en las materias de que es responsable”.

La facilitación del contenido estuvo a cargo de los licenciados Miguel Ángel Merino, colaborador de la Dirección Jurídica y Sigfredo de Jesús Olmedo, jefe de equipo de la Dirección de Auditoría Cuatro.

El Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek, participó en la inauguración del Primer Seminario Internacional de Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos (INDH) denominado: “Impactos del Cambio Climático en los Derechos Humanos desde las Múltiples Discriminaciones”, junto al Vicepresidente de la República, Félix Ulloa y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara.

En este evento se produjo el intercambio de buenas prácticas de las INDH ante el impacto del cambio climático en poblaciones en condiciones vulnerables, infancia, juventud, mujeres, pueblos indígenas, así como en personas adultas mayores y desplazadas, para impulsar propuestas de solución ante los desafíos planteados. 

La Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos trabajan de forma coordinada con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, según su propio mandato Constitucional.

Personal operativo de la Corte de Cuentas de la República participó en el taller de consolidación de los resultados de la "Auditoría Coordinada sobre violencia de género: Respuesta estatal en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres", organizado por la Contraloría General de Chile que ejerce la presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Igualdad de Género y no Discriminación (GTG) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

En la ciudad de Santiago, representaron a la CCR como miembro pleno de la OLACEFS, la jefa de equipo de auditoría, Regina Araujo Castaneda y los auditores Claudia Lissette Soto de Reyes y César Armando Calderón Sánchez.

El encuentro, que contó con el apoyo de la Cooperación Alemana, cumplió el objetivo de que los auditores participantes conocieran los principales hallazgos de la auditoría coordinada y analizaran de manera conjunta los resultados más relevantes que serán incorporados en el informe final de esta.

Entre los fines del GTG están elaborar la política base de igualdad de género y no discriminación que pueda ser adaptada e implementada en las Entidades Fiscalizadoras que integran dicha organización internacional, así como busca que estas puedan brindar el acompañamiento técnico a los gobiernos en cuanto al monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al tema de género.

En un ambiente de cordialidad e intercambio de experiencias la Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, asistieron al acto conmemorativo del Día del Contador de las Américas y entrega del Galardón al Contador Público del Año 2023, evento organizado por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP).

Los funcionarios de la Corte de Cuentas de la República fueron invitados especiales de la Junta Directiva del ISCP, que entrega el citado galardón como máximo reconocimiento al socio destacado en la profesión.

Como parte del trabajo articulado y las buenas relaciones con las distintas partes interesadas, la CCR ha sostenido una serie de acercamientos con dicho instituto a fin de fortalecer el ejercicio de la auditoría con estándares internacionales, en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2021-2024.

Invitada por el Proyecto Mujeres Guardianas de la Paz, la Primera Magistrada María del Carmen Martínez Barahona asistió al Foro "Memoria de Mujeres Salvadoreñas", coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

En este evento que contó con la presencia de las máximas representantes de la PDDH y de la UNODC, Raquel Caballero de Guevara y Alvina Mangandi, respectivamente, tuvo lugar la presentación de la tesis doctoral: “Las mujeres salvadoreñas hablan: las historias femeninas de una revolución”, a cargo de la investigadora Paula Cuéllar Cuéllar, a partir de la cual se analizó el rol de la mujer antes y después del conflicto armado en El Salvador.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) fue anfitriona del “Taller de Buenas Prácticas de Fiscalización”, realizado en nuestro país por la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS), instancia regional presidida por el titular de la CCR, Roberto Antonio Anzora Quiroz, para el período 2022-2024.

Este Taller, que se llevó a cabo el 18 y 19 de mayo, fue inaugurado por el Presidente de esta Entidad Fiscalizadora y de OCCEFS, el Auditor Superior de la Federación de México, David Rogelio Colmenares Páramo, la Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño.

En el desarrollo de las actividades también estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo de OCCEFS y Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, José Juan Pineda Varela; y la Contralora General de la República de Costa Rica, Marta Acosta Zúñiga.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros de la referida organización internacional, con énfasis en el fomento de buenas prácticas de fiscalización.

Durante el acto de inauguración, el Presidente Roberto Anzora, expresó “debemos enfocarnos en metas y objetivos alcanzables para trabajar de la mano con las demás entidades del Estado para mostrarles el camino de la buena y sana administración de los recursos. Nos corresponde ser más proactivos en el acompañamiento técnico para la prevención de la corrupción”.

El taller se desarrolló en dos sesiones técnicas, en las que se presentaron los temas: “Proceso de innovación y mecanismos anticorrupción aplicados en la Auditoría Superior de la Federación México” y “Sistema de Control Interno: regulación y evaluación de funcionamiento, auditoría interna y análisis de resultados”, expuestos por el Auditor Superior de México y la Contralora General de Costa Rica, respectivamente.

Luego de cada ponencia magistral se abrieron espacios para que los participantes realizaran sus consultas, esta dinámica fue enriquecedora y arrojó importantes aportes para impulsar buenas prácticas en beneficio de la ciudadanía. Posteriormente, delegados de las EFS conformaron mesas de trabajo para recopilar acciones y experiencias exitosas en temas de innovación y mecanismos anticorrupción aplicados en sus entidades, con la finalidad de fortalecer la fiscalización regional.

En la última jornada, la Asesora Técnica en Transparencia y Rendición de Cuentas del Programa Buena Gobernanza Financiera, Claudia Michelle Peña, realizó la presentación sobre metodologías que utiliza la Cooperación Alemana sobre innovación y gestión del conocimiento, fomentando el intercambio de buenas prácticas.

La OCCEFS se constituye dentro del marco de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadores Superiores (OLACEFS) y es una organización internacional, autónoma, apolítica, técnica y profesional integrada por las EFS de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, en su calidad de Miembros Plenos.

El Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Julio Guillermo Bendek Panameño y su asesor Alexander Efraín Ticas, participaron como panelistas del módulo II de la cuarta edición del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción denominado “Ética e integridad en la gestión pública”. Este proceso formativo es organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Los representantes de la CCR desarrollaron los temas “Profesionalización como pilar de la administración pública en el siglo XX: breves perspectivas desde el ordenamiento jurídico” y las “Experiencias de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador sobre el tema de profesionalización enfocado al desarrollo de capacidades institucionales”.

En su intervención, el Magistrado Bendek Panameño puntualizó “como servidores públicos necesitamos especializarnos siempre y también practicar la sencillez, madurez y humildad, esa es una de las tantas claves del éxito que puedan tener en el desarrollo de sus funciones dentro de sus instituciones”.

En este diplomado participan 15 instituciones, entre las cuales está la CCR, la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Judicatura, Procuraduría General de la República, Instituto de Acceso a la Información Pública, Registro Nacional de las Personas Naturales y la Superintendencia del Sistema Financiero.

Ciento seis servidores públicos fueron capacitados en las tres ediciones anteriores y con esta cuarta edición, inaugurada en abril, se está dando la oportunidad a los asistentes de identificar desafíos y prioridades a nivel nacional en materia de prevención y lucha contra la corrupción, así como intercambiar buenas prácticas relacionadas con la ética, integridad y transparencia.

La Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, el director de Planificación y Desarrollo Institucional, Leonidas Ordóñez y la jefa del Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad, Xenia Aguirre de Alas, miembros del Consejo de Calidad Institucional participaron en la conferencia “Normas de Gestión ISO de Cumplimiento y Antisoborno”, organizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la empresa CRV Soluciones Sustentables de Negocio.

Previo a la ponencia, el director de AENOR Centroamérica, Arnulfo Pino, explicó que, a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Compras Públicas, las entidades están obligadas a contar con una certificación internacional, y para sustentar su afirmación citó el  artículo 16 de dicha normativa que determina lo siguiente: “Las instituciones que establezca el Reglamento de esta Ley, deberán tramitar, obtener y mantener la Certificación y Acreditación de la Norma Anti-Sobornos, de conformidad a los estándares internacionales de gestión de la calidad existentes”.

La conferencista mexicana, Monserrat Figueroa, por su parte, señaló la importancia de que las instituciones incluyan un sistema de gestión antisoborno en sus procesos de calidad, a fin de fortalecerlos y evitar posibles actos de corrupción.

También asistieron a esta conferencia representantes del Centro Nacional de Registros y del Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades gubernamentales. 

La Corte de Cuentas de la República presentó 10 avisos ante la Fiscalía General de la República, por el presunto cometimiento de ilícitos en el uso de recursos públicos asignados a igual número de municipalidades para atender la pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, de acuerdo con los decretos legislativos 650 y 687, cuyo monto total cuestionado asciende a $7,110,990.68.

Los fondos fueron asignados a cuatro alcaldías del departamento de San Salvador, tres de San Vicente, una de Chalatenango, una de Cuscatlán y una de La Libertad, mientras que los períodos observados en las auditorías corresponden a gestiones municipales que iniciaron el 1 de mayo del 2018 y finalizaron el 30 de abril del 2021.

Entre las observaciones hechas destacan la erogación de fondos para pagos de proyectos, así como adquisiciones de productos y servicios que no estaban relacionados con la pandemia; traslado de fondos COVID-19 a cuentas del FODES para pagos de planillas de salarios, dietas, gastos de representación, compensaciones económicas; así como no se encontraron evidencias de los procesos de compras y se detectaron deficiencias en las licitaciones.

Con dichos avisos se da cumplimiento al artículo 8-A, numeral 6 de la Ley de la CCR que establece la obligación de “comunicar inmediatamente por medio del funcionario que esta designe al Fiscal General de la República, de los posibles ilícitos penales que se adviertan en razón del ejercicio de las atribuciones de la Corte.”

Los posibles ilícitos denunciados se refirieron a actos arbitrarios, administración fraudulenta y malversación, entre otros.