El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidente; Licda. María del Carmen Martínez Barahona, Primera Magistrada y el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Segundo Magistrado participaron este día en el “VI Congreso de Derecho Administrativo”, organizado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de abordar la regulación de una de las disciplinas jurídicas enmarcadas en la función pública.

El Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, inauguró el congreso expresando que “es conveniente promover este tipo de eventos para analizar los logros y avances obtenidos en diferentes países, pero además identificar problemas y conflictos comunes con realidades jurídicas de otros lugares, es importante recalcar el carácter progresivo y expansivo que tiene el derecho administrativo”, aseveró.

Por su parte, el Magistrado Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Lic. Sergio Luis Rivera Márquez manifestó en su discurso inaugural que “la vigencia reciente de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimientos Administrativos viene a ser un impulso más de cara a potenciar el derecho de los ciudadanos a una buena administración pública”.

Ponentes nacionales e internacionales conforman la lista de conferencistas que durante 5 días aportarán sus conocimientos para contribuir a la modernización de la administración de justicia. Asistieron también al encuentro, la Licda. Verónica Santos y la Licda. Silvia Deodanes, destacadas en la Dirección Jurídica de este Entidad Fiscalizadora, así como el Lic. Arturo Criollo, destacado en la Cámara Quinta de Primera Instancia.

El VI Congreso de Derecho Administrativo es dirigido a funcionarios de la Administración Pública, profesionales y estudiantes de Derecho, con énfasis en la comprensión y aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimientos Administrativos, decreto legislativo número 760, vigente desde 2018.

La Presidenta en funciones de la Entidad Fiscalizadora Superior, Licda. María del Carmen Martínez Barahona  y el Primer Magistrado, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, participaron hoy en el evento de presentación de investigación  y conversatorio denominado ¿A quiénes ha controlado la CCR de 2013 a 2018?, organizado por el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República, iniciativa de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES),  la Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador (CONEXIÓN), y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA).

Dicho Observatorio, que cuenta con el financiamiento del Proyecto Pro-Integridad Pública de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene como propósito  fomentar la contraloría social sobre el funcionamiento de la CCR, así como hacer recomendaciones para el fortalecimiento institucional, dado su relevancia para la prevención y lucha contra la corrupción.

Carmina Castro de FUSADES, señaló que como resultado de la investigación, se determinó que del 1 de enero de 2013 a septiembre de 2018, la CCR, a través de sus siete direcciones de auditoría y sus tres oficinas regionales, desarrolló 3 mil 510 acciones de control practicadas a 487 entidades que manejaron fondos públicos.  De este total de acciones de control, el 51.9 por ciento fueron dirigidas a las alcaldías, asociaciones municipales y microrregiones.

Como resultado de la investigación, el Observatorio recomendó al Organismo Superior de Control  que mejore o incremente sus  espacios de diálogo y mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía para que esta valore mejor su labor; se afinen los criterios utilizados para planificar y asignar las auditorías y exámenes especiales; y  que no existan ámbitos exentos de  fiscalización gubernamental, es decir, que se auditen los fondos públicos asignados a los partidos políticos, empresas públicas -aunque hayan sido creadas jurídicamente como sociedades anónimas de capital variable-, así como a las sociedades de economía mixta.

La Licda. Martínez Barahona por su parte, agradeció el esfuerzo y las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Observatorio señaló que “el Organismo de Dirección para cambiar la imagen adversa de la institución, a nivel interno, ha tomado acciones administrativas que coadyuvarán a transparentar el quehacer institucional, tales como: la rotación de directores, subdirectores y jefes de equipos de auditoría, como una buena práctica para que no sean las mismas personas las que, por años, auditen a las mismas entidades.”

“Estamos trabajando en la implementación del Sistema Integrado para el Control de la Auditoría (SICA) mediante el cual se hará una planificación de la auditoría con base en riesgos  que va a permitir la automatización de la misma, lo cual impactará directamente en la transparencia del proceso”, puntualizó la funcionaria.

Asimismo, informó que han conformado una comisión que está analizando posibles reformas a la Ley de la CCR  para que todos los actores que tengan interés en que se cambie la manera de fiscalizar los fondos públicos, sean escuchados en este proceso.

El Lic. Anzora Quiroz señaló que como parte de la política de puertas abiertas de la actual  administración de la Corte de Cuentas, se ha brindado total apertura  para que las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio puedan desarrollar sus investigaciones. “En cuanto a las personas que nosotros hemos tenido como sujetos de fiscalización quiero comunicarles que la CCR está trabajando en los preparativos para realizar, en las próximas semanas, auditorías a los partidos políticos. Hemos tenido conversaciones  con instituciones como el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral y estamos en la fase de planificación de estas auditorías,” informó.

 “Nosotros estamos trabajando intensamente por dotar de independencia y objetividad los procesos de fiscalización, y lo hemos hecho a partir de la adopción de nuevas normas de auditoría con estándares internacionales que ya dan un modelo de actuación a los auditores, que van enmarcados a la eficacia, a la objetividad y a garantizar la independencia de nuestros procesos de fiscalización; y por supuesto, esto lo hacemos de cara a darle mejores resultados y  beneficios a la población salvadoreña”, añadió el Segundo Magistrado.

La investigación ¿A quiénes ha controlado la CCR de 2013 a 2018? es la tercera de una serie de investigaciones que realizará el Observatorio a la Entidad Fiscalizadora Superior, cuyas organizaciones de la sociedad civil que lo conforman esperan de esta forma aportar a la modernización del proceso de auditoría gubernamental en el país.

El Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP) desarrolló el 26 de agosto el seminario sobre la ‘’Ley de la Corte de Cuentas como Marco de Referencia en la Fiscalización Administrativa y Jurisdiccional’’.

Asistieron 82 servidores públicos con cargos de jefaturas, manejadores de fondos y bienes del Estado de la Fiscalía General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Defensoría del Consumidor; y las municipalidades de San Salvador, San Miguel, Nejapa, Cojutepeque, Chinameca y San Sebastián. También asistió el Personal del Área de Control de Documentos de nuestra Institución.

La Corte de Cuentas está investida de rango constitucional para ejercer la función fiscalizadora de la Hacienda Pública y Ejecución del Presupuesto en particular, según el Art. 195 Cn. También el Art. No 7 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado hace referencia al tema cuando se crea el Sistema Nacional de Administración Financiera Integrado (SAFI) que está estrechamente relacionado con el Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

El objetivo del seminario fue brindar al personal de la Administración Pública información que le permita conocer y familiarizarse con la Ley de la Corte de Cuentas de la República, con el propósito que sea aplicada de forma efectiva en la ejecución de sus actividades.

Durante el seminario las facilitadoras del evento, licenciadas Lilian Janeth Trigueros de Cerén, y Nancy Yaneth Rivas Cortez, ambas colaboradoras Jurídicas de la Institución, desarrollaron la capacitación en tres sesiones:

• El Sistema Nacional de Control y Auditoría de Gestión Pública.
• El Juicio de Cuentas y
• El Juicio de Cuentas en Segunda Instancia.

La Presidenta en funciones, Licda. María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, miembros del Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, asistieron a la conferencia Magistral “Liderazgo sin vencimiento”, organizada por el Tribunal de Ética Gubernamental y dirigida a las máximas autoridades de la Administración Pública.

La inauguración del evento estuvo a cargo del Presidente del TEG, Dr. Néstor Castaneda, quien destacó: “Es importante que los titulares conozcan las necesidades de la población y trabajen por esas necesidades. La Ley de Ética Gubernamental es una base importante para este trabajo".

La ponencia fue dictada por Napoleón Ardaya, Director del Instituto de Liderazgo para América Latina, experto boliviano en materia de liderazgo, que expuso e interactuó con los asistentes sobre el tema. "Para ser un líder sin fecha de vencimiento se debe: trascender en tiempo, desarrollar visión de dónde quiere llegar, comunicar la visión efectivamente y siempre mantener el enfoque”; "Un líder no debe tener el síndrome del producto terminado, es decir sentir que ya llegó a lo máximo y que no puede aprender más. Ya que al igual que una botella, llega a tener una fecha de vencimiento", indicó el facilitador.

Con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la iniciativa de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, participó en reunión anual del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que tuvo como objetivo promover y gestionar el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales, así como contribuir al incremento de la eficacia de gestión y modernización de la Administración Pública.

Acompañó al funcionario, la Directora en funciones del Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), Licda. Gladys Celina Gálvez.

La reunión del Comité de Creación de Capacidades se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto del presente año, en la ciudad de Santo Domingo, desarrollando temas sobre capacitación, actividades y desafíos del Comité, culminando con el Plan de Capacitación 2019-2021 de OLACEFS.

El CCC es un órgano de la OLACEFS cuya misión es promover y gestionar el desarrollo de capacidades profesionales e institucionales de las entidades de fiscalización, para contribuir al incremento de la eficacia de la gestión y la modernización de la Administración Pública. En tal sentido, los funcionarios de la Corte de Cuentas estuvieron incorporados en los diferentes grupos de trabajo para elaborar las conclusiones y recomendaciones del citado organismo.

Actualmente el Comité de Creación de Capacidades (CCC) lo preside el Tribunal de Cuentas de Brasil, por medio de su ministro Joao Augusto Nardes.

Cuatro notas del trabajo de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador han sido divulgadas en la decimoctava edición del Boletín de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCCEFS.

En la portada del boletín trimestral de la OCCEFS, se menciona a la Corte de Cuentas de El Salvador destacando el proceso llevado a cabo durante el traspaso de administración gubernamental 2014-2019; mientras que en las páginas 4 y 5 los lectores podrán conocer sobre actividades relevantes que vinculan a la CCR con el trabajo de fiscalización a nivel nacional e internacional.

A través de este canal informativo internacional, la OCCEFS comunica sobre las principales actividades de sus EFS miembros, a fin de potenciar las actividades y datos de interés del quehacer en materia de fiscalización en la región.

Las notas publicadas sobre la CCR en el boletín de la OCCEFS, son producto de las colaboraciones enviadas periódicamente a su Consejo Editor, por parte de la Dirección de Comunicaciones de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, para que valoren su publicación. De igual manera, esta Dirección remite sus aportes para la Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS y el Boletín Cooperando de la referida organización.  

Consulte el Boletín No. 18 de la OCCEFS en el siguiente enlace:

http://www.occefs.org/index.php/comunicacion/boletines

Este día, representantes de las presidencias de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y del Comité Asesor Jurídico (CAJ) acordaron el procedimiento para evaluar diecinueve artículos presentados en el marco del Concurso de Investigación Regional 2019 “Fortaleciendo la fiscalización y control gubernamental en beneficio de América Latina y El Caribe”.

Dicho certamen forma parte del plan  anual operativo  del CAJ, instancia de la OLACEFS que lidera la Corte de Cuentas de la República (CCR).

En videoconferencia, funcionarios de la Contraloría de Perú, institución que ocupa la Presidencia de la OLACEFS; la Presidente, Licda. Rivas Landaverde; la Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona; la encargada de Relaciones Internacionales, Licda. Beatriz Cardona y asesores de la CCR, acordaron involucrar a las instituciones de control miembros del CAJ para hacer la selección de los artículos ganadores.

Los diecinueve artículos fueron presentados por talento humano de las EFS de Perú, Chile, Nicaragua, México, Honduras, Cuba, Ecuador, Argentina, Costa Rica  y Colombia.

Las propuestas tratan acerca de mecanismos de colaboración internacional entre EFS para investigar casos de corrupción transnacional;  fiscalización de la gestión de desastres, el rol en el seguimiento y fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el fortalecimiento de la cultura organizacional, a través de la integridad como valor público, entre otras temáticas.

La convocatoria se efectuó, vía correo electrónico, en mayo del presente año; la fecha límite de recepción de las investigaciones fue el 5 de agosto de 2019, a las 18.00 horas (horario local de El Salvador), y el periodo de evaluación de las investigaciones será del 12  de agosto al 13 de septiembre.

Las presidencias de la OLACEFS y del CAJ darán a conocer los nombres de los ganadores el 27 de septiembre de 2019, a través de las redes sociales, el portal web y la revista Fiscalizando de la referida organización internacional.

Al ganador del primer premio, además de publicarle su artículo en la Revista “Fiscalizando” de la OLACEFS, y en el INTOSAI Journal, revista de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se le otorgará diploma de reconocimiento y  un mil quinientos dólares. Al ganador del segundo lugar, además de divulgarle su investigación en la Revista “Fiscalizando”, se hará acreedor de mil dólares; mientras que al tercer puesto también se le publicará su investigación en el mismo canal de comunicación y se le otorgará  un premio de quinientos dólares.

La Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, junto al personal del Departamento Técnico para el Control de la Inversión Pública (DECIP) y representantes de las empresas Consultoras: RD. Consultores SA. de C.V., Ingentec, Estructuristas Consultores, RIJOSIVE SA de C.V. y Recursos Múltiples SA. de CV., realizaron el 8 de agosto una visita de campo a los edificios uno y dos de la institución.

El propósito fue conocer un poco más acerca del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de los edificios de la Corte de Cuentas. Se entrevistó al Arq. Walter Méndez, encargado del DECIP, quien en el recorrido hizo un esbozo en qué consiste el proyecto, señalando que ‘’desde hace varios años no se conocía, a ciencia cierta, el estado estructural de las edificaciones que albergan a la Corte de Cuentas; y ha sido en esta Administración que se ha tenido un acercamiento con el Ministro de Hacienda para estimar la factibilidad de un financiamiento, a través del Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP), a fin de hacer un diagnóstico estructural de los edificios de la institución.

El diagnóstico tiene como finalidad determinar, con rigor científico, la situación sobre el comportamiento que tendrían los edificios a la hora de registrarse un sismo; saber con exactitud cómo se encuentran las edificaciones, y a partir de ahí, poder brindar al empleado cierto grado de seguridad eliminando la parte especulativa del estado en que se encuentran los edificios. En otras palabras, el consultor es quien dirá, mediante rigor científico, en qué estado se encuentran los edificios de la Corte de Cuentas de la República.

Con esta visita, las empresas ofertantes obtuvieron datos de primera mano para considerarlos dentro de sus ofertas, que van a ser presentadas el 29 de agosto a la consideración del Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas’’.

Por invitación del Ministerio de Hacienda, la Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, Presidente de la Corte de Cuentas de la República, este 30 de julio evidenció el proceso de emisión de bonos soberanos en el mercado internacional por la suma de $1,097 millones para un plazo de 30 años, con una taza de 7.1246%.

La transacción está amparada en el Decreto Legislativo No. 217 de fecha 21 de diciembre de 2018, y es parte de la aprobación de financiamiento realizada por la Asamblea Legislativa para el pago de bonos con vencimiento en diciembre próximo y el cumplimiento de metas presupuestarias de 2019.

La emisión de bonos ha sido un trabajo conjunto con el Banco Central de Reserva y ha contado con el respaldo y garantía del Estado, permitiendo con ello colocar ante el mercado internacional una visión positiva. Los bonos serán utilizados para completar financiamiento del presupuesto de $297 millones y honrar el pago de deuda por $800 millones.

Por primera vez en la historia de El Salvador, el proceso contó con la presencia de representantes de instituciones estatales como la Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República, y los Diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, quienes evidenciaron la transparencia, orden y acceso a la información con la que el Ejecutivo desarrolló la colocación.

La Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, hizo la divulgación del Anteproyecto de Reforma Integral  a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, una propuesta que revolucionará la manera de hacer la fiscalización gubernamental en el país.

Con la asistencia de más de 150 personas representantes de la Asamblea Legislativa, sociedad civil, organismos internacionales, instituciones de la Administración Pública, fundaciones y gremiales empresariales, embajadas acreditadas en el país, y universidades, la Presidente Rivas Landaverde detalló los 144 artículos que conforman la propuesta, destacándose 20 artículos nuevos.

En septiembre de 1995, por decreto legislativo se da vida a la Ley actual de la CCR, la cual regula el funcionamiento, la jurisdicción, las competencias y el régimen administrativo del Ente Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública; pasados 23 años, el quehacer de la CCR sigue rigiéndose  por esa misma ley.

La Presidente de la CCR dio a conocer  que “dicha propuesta fue posible con  la colaboración de aliados estratégicos que apuestan por el desarrollo de nuestro país en materia de transparencia, abanderados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17, tales como: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, a través del apoyo de consultores expertos en materia de fiscalización gubernamental, articuló la actualización de las Normas de Auditoría Gubernamental, divulgadas en el año 2018; y actualmente se encuentra prestándonos su invaluable colaboración para elaborar el Manual de Auditoría Gubernamental, así como la implementación del Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA) y el fortalecimiento de las capacidades del talento humano de alto nivel, destacado en el Área de Auditoría, como parte de la verificación del estado de avance del mencionado Sistema.”

Y añadió que “Por su parte, USAID, sin escatimar esfuerzos colaboró en el levantamiento del Diagnóstico del Área de Auditoría de la Corte, designando un experto chileno para tal efecto; mientras que la Cooperación Española (AECID) ha apoyado en la realización del Diagnóstico del Área Jurisdiccional, designando para ello a expertos en materia de fiscalización pública, pertenecientes al Tribunal de Cuentas de España, quienes fueron recibidos por esta Presidencia para trabajar en intensas jornadas que, como pueden apreciar, ahora rinden mayores frutos. Dichos productos permitieron a esta Presidencia preparar a lo largo de este año la propuesta que ahora se presenta con el firme propósito de abonar a la modernización del Estado, por estar basada en criterios técnicos vertidos y deliberados por los asesores de esta Presidencia, directores de auditoría, jueces de cuentas, colaboradores y técnicos involucrados en la ejecución de los procesos misionales, a quienes agradezco su participación y aportes”, reseñó la funcionaria.

Finalmente, la Presidente dio a conocer que, a partir del 23 de julio, se abre un proceso de consulta a la ciudadanía y que para ello  el anteproyecto y la exposición de motivos, pueden ser descargados en la plataforma Legisla (https://participacion.iaip.gob.sv), del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el apoyo del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).