El Organismo de Dirección de la Entidad Fiscalizadora Superior del país presentó el 27 de noviembre, su informe de Rendición de Cuentas del trabajo desarrollado del 28 de agosto de 2018 al 28 de agosto de 2019, que corresponde a su segundo año de gestión.

“Desde el primer día que este Organismo de Dirección asumió sus cargos, hemos desempeñado nuestras funciones con un férreo compromiso y alto sentido de responsabilidad; y esta mañana con alegría y satisfacción reiteramos nuestra disposición de continuar cumpliendo, a plenitud, las atribuciones y deberes inherentes a nuestros puestos, con responsabilidad, honestidad y excelencia,” señaló  la Presidente de la CCR, Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, al inaugurar dicho evento. La acompañaron en la mesa de honor la Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martínez Barahona y el Segundo Magistrado, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz.

“Agradecemos a todo el talento humano que hace posible que los resultados de hoy sean positivos y que podamos transparentarlos ante la ciudadanía, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para cumplir el mandato constitucional y  contribuir a la mejora de la gestión gubernamental,” señaló la Primera Magistrada.

El Segundo Magistrado, por su parte,  planteó que como Entidad Fiscalizadora Superior por mandato constitucional debe de abarcar a todas las instituciones estatales en su labor de fiscalización para garantizar el buen manejo de los recursos. "Como Corte de Cuentas ejercemos el control de los fondos públicos y la idea es que en la Administración Pública no haya zonas exentas del control gubernamental, y esa es la política que nosotros nos estamos proponiendo", dijo.

La Licda. Rivas Landaverde detalló  que durante el este segundo año de gestión han efectuado las siguientes acciones:

• Se hizo el relanzamiento de la APP Denuncia Ciudadana, mediante la cual acercamos a la población a uno de los servicios más importantes que ofrecemos, haciendo uso de esta aplicación diseñada por el talento humano del área informática de la CCR para que desde la comodidad de su teléfono móvil, cualquier persona pueda iniciar procesos de investigación al tener conocimiento de posibles irregularidades que cometan los servidores públicos de su respectiva localidad.
• Presentamos el Informe de Labores 2018 ante la Honorable Asamblea Legislativa, en cumplimiento al deber expreso contenido en el Art. 199 de la Constitución.
• Suscribimos Convenio con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para mejorar el clima de inversión y negocios en el país, y el fortalecimiento de la Mejora Regulatoria.

• Suscribimos Carta de Entendimiento con el Consejo Nacional de la Judicatura para elevar competencias del personal de ambas instituciones.
• Autorizamos las Firmas Privadas de Auditoría para que puedan ejercer acciones de control dentro del sector público.
• Apoyamos el proceso de traspaso de Gobierno, verificando la fiel entrega y recepción de la información pública administrada por el Órgano Ejecutivo.
• Aprobamos las Normas de Auditoría Gubernamental bajo el enfoque de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), con lo que estamos sistematizando la realización de la auditoría gubernamental, herramienta que se complementará con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA); este Sistema está basado en tres módulos, contándose a la fecha con dos de ellos, que son: el módulo de planificación de auditorías y el módulo de asignación de las mismas. Con la implementación del SICA, la CCR se abre paso a la modernidad en el proceso de fiscalización, ya que el mismo permitirá planificar con base a riesgos y así como obtener indicadores que establecerán el ranking de las instituciones a auditar, clasificándolas de críticas a menos críticas. Se cuenta con el apoyo de la Contraloría General de la República de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Está en revisión y posterior aprobación, la guía y manual respectivo, que se divulgará próximamente.
• Hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República las irregularidades con alcance penal, detectadas tanto a nivel interno y externo en la CCR.
• Internamente, hemos ordenado las plazas al interior de esta Corte, armonizando los cargos nominales y funcionales del talento humano, en acatamiento a recomendaciones de Auditorías Externas realizadas por la Honorable Asamblea Legislativa, en cumplimiento a su mandato legal.
• Hemos realizado más de 100 seminarios y capacitaciones para fortalecer la gestión del conocimiento de todos los servidores de la CCR; de igual forma, hemos capacitado a más de 120 instituciones de la Administración Pública y Gobiernos Locales en temas de alta relevancia encaminados a asegurar desde el punto de vista académico y técnico el buen uso de los recursos públicos, entre los que se encuentran Contabilidad Financiera, Ley de la Corte de Cuentas, Ley de Procedimientos Administrativos, Normativa de Valuación en el Sistema Financiero, Fundamentos de Derecho Constitucional, Herramientas de Mejora Regulatoria, Fundamentos de Ciberseguridad, Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Reducción y Eliminación del Plástico de un solo uso, ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.

La Presidente Rivas Landaverde también informó que trabajan en la actualización del marco jurídico institucional, por lo que han elaborado el Proyecto de Reforma Integral a la Ley de la CCR. “Sabedores de que la iniciativa de Ley es una facultad conferida expresamente en el Art. 133 de la Constitución a funcionarios distintos a las autoridades de esta Corte, al inicio de la presente semana entregamos oficialmente el mencionado Proyecto de Reforma Integral a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, a efecto de que pueda ser considerada en ese Órgano de Estado, para los efectos ya mencionados. Aprovecho este espacio para agradecer de especial manera a la Junta Directiva de dicho Órgano Parlamentario, por darle la iniciativa de Ley e impulsar fortalecer la CCR,” detalló la funcionaria.   

Por otra parte, informó que han establecido alianzas estratégicas con instancias de la sociedad civil, tales como CONEXIÓN, TRACODA y FUSADES, quienes han instalado el Observatorio Ciudadano a la CCR, contando con el apoyo de USAID. Estas entidades con la colaboración de la Corte han realizado diferentes investigaciones sobre aspectos medulares institucionales.

Puntualizó que, a nivel internacional,  la CCR ha mantenido un rol protagónico en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) integrando el Consejo Directivo, ejerciendo la Presidencia de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento de las EFS (CEDEIR) y del Comité Asesor Jurídico (CAJ), desde el 1 de enero de este año. Además, la CCR se desempeña como Auditora de Gestión de dicha organización.

De igual forma, indicó que la CCR tiene a su cargo la Secretaria Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana, CFR-SICA, en la que se ha establecido una estrategia de visibilidad del trabajo en los 8 países miembros del Sistema, presentado ante las instancias regionales pertinentes propuestas de revisión y actualización del marco normativo comunitario que rige a dicho Organismo.

Los aspectos puntuales del quehacer fiscalizador en Primera y en Segunda Instancia, así como los de apoyo y soporte a los procesos misionales, fueron expuestos por los Coordinadores Generales de las áreas de Auditoría, Jurisdiccional y Administrativa; licenciados Pablo Saravia, Macla Torres y Dagmar Palacios de Menjívar, respectivamente, así como el Secretario de Actuaciones Lic. Carlos Francisco Aparicio Silva, quien destacó los logros de la Cámara de Segunda Instancia. Estos pueden ser vistos en el siguiente enlace: https://www.cortedecuentas.gob.sv/index.php/es/direccion-de-transparencia/drcycs/category/337-segundo-ano-de-gestion-2019

El artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que establece que quienes desempeñan responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos están obligados a rendir cuentas ante el público y autoridades competentes, por el uso y la administración de los bienes públicos a su cargo y sobre su gestión, de acuerdo a la ley.