El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Antonio Anzora Quiroz; la Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, presentaron este día ante el Pleno Legislativo, el Informe de Labores correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Las autoridades de la Corte de Cuentas informaron a los diputados sobre los resultados y contribuciones de esta Entidad Fiscalizadora para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, así como de las acciones para fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, desarrollada a lo largo del período informado.

“Hemos impulsado la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; principios básicos que deben de regir a todas las entidades y organismos sujetos de fiscalización y que ejerzan de manera efectiva sus controles internos”, destacó el Presidente Anzora Quiroz, durante la presentación del Informe.

La CCR recibió en el 2020 una asignación presupuestaria de $44,272,575, de los cuales, producto del manejo eficiente y eficaz de los recursos, ejecutó un monto de $41,114,612.87, significando un porcentaje del 92.87%.

Durante el período que se informa, la Corte y sus Oficinas Regionales de Santa Ana, San Vicente y San Miguel, ejecutaron 526 acciones de control, de las cuales 108 corresponden a Auditorías y 418 a Exámenes Especiales; asimismo se determinó un total de 1,584 hallazgos de los cuales, 151 son de carácter financiero, 122 de control interno y 1,311 de cumplimiento legal.

Producto de estas acciones de control se determinaron montos patrimoniales por un valor de  $42,473,685.37; de ellos, $24,154,901.68 corresponden a Exámenes Especiales y $18,318,783.69 a Auditorías.

En materia jurisdiccional, las 7 Cámaras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas administraron 622 expedientes y se emitieron 155 sentencias; de ellas, se impusieron montos condenatorios por $6,176,857.82.

Por su parte, la Cámara de Segunda Instancia, conformada por el Presidente, la Primera Magistrada y el Segundo Magistrado, sustanció durante el mismo periodo un total de 1,512 recursos de apelación y de revisión. Asimismo, impuso montos condenatorios por $509,611.67.

Fundamentado en los resultados de los Juicios de Cuentas, esta Entidad Fiscalizadora Superior emitió un total de 404 finiquitos.

A través del Departamento de Apoyo Técnico para el Control de la Inversión Pública (DECIP) de la Corte de Cuentas se realizaron estudios de evaluación técnica a 373 proyectos de inversión pública, de los cuales 353 corresponden a obras civiles y 20 a electrificación, por un monto de $101,790,587.31. Además, se evaluaron 251 contratos de supervisión por un monto de $9,497,476.60.

A requerimiento de instituciones del Gobierno Central, la Fiscalía General de la República y tribunales del Órgano Judicial, esta Entidad Fiscalizadora Superior realizó un total de 74 peritajes de Auditoría.

Con base a los principios de transparencia y rendición de cuentas se implementó el “Plan de Fiscalización de los Recursos Utilizados en el Marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19”; asimismo, se emitieron los “Lineamientos para la liquidación de fondos FODES, utilizados para atender la Emergencia Nacional decretada por la Pandemia del COVID-19”, dirigidos a las 262 municipalidades del país.

En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, se recibió un total de 182 requerimientos de información institucional; de las cuales se tramitaron y notificaron 179 en un promedio de 10 días. En materia de participación ciudadana se administraron 183 denuncias que fueron remitidas a las respectivas unidades organizativas de la CCR.

Dando cumplimiento al mandato constitucional establecido en los Artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea Legislativa dicho documento que contiene a grandes rasgos los resultados obtenidos en la labor de fiscalización del uso efectivo y transparente de los fondos puestos a disposición de la Administración Pública, en beneficio de la sociedad salvadoreña.