
El Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, en representación del Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República, participó recientemente en la mesa de trabajo multisectorial para impulsar una agenda de fortalecimiento de la Ética y la Transparencia, organizada por el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) y el INCAE Business School
El Consorcio, es una iniciativa integrada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). Estas organizaciones realizan diferentes esfuerzos por promover la transparencia y el combate a la impunidad y corrupción en el país.
La Corte de Cuentas se une al este esfuerzo que realiza por el Consorcio, debido que es una entidad fundamental en el combate a la corrupción y la falta de transparencia, mediante su labor de fiscalizar eficientemente la Hacienda Pública y los recursos del Estado.
Nuevamente la Corte de Cuentas de la República se hace acreedora del reconocimiento internacional, por parte de la Empresa Española de Normalización y Certificación (AENOR), por mantener los estándares de calidad en sus procesos misionales.
Gracias al compromiso y apoyo del talento humano de la Corte de Cuentas de la República con el Sistema de Gestión de la Calidad, se logró el mantenimiento de la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015, lo que contribuye a la mejora continua de los procesos institucionales.
En diciembre de 2020, nuestra Entidad Fiscalizadora Superior obtuvo dicha certificación por parte de AENOR, la cual se rubrica una vez más, para satisfacción del talento humano institucional.
El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República (CCR), integrado por el presidente, Roberto Antonio Anzora Quiroz, la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, realizó el acto de clausura del seminario: Auditoría Forense, en la cual 30 participantes recibieron su diploma y ahora forman parte de un grupo de auditores especializado en esta temática, lo cual les permitirá desarrollar un trabajo de fiscalización más profesional y con altos estándares de calidad.
Este seminario, coordinado por el Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), estuvo dirigida a directores, subdirectores de las siete direcciones de Auditoría, e incluyó a jefes de equipos, asesores, técnicos, auditores y colaboradores jurídicos, tanto de la sede central como de las regionales de la Corte de Cuentas.
El objetivo de la capacitación que se desarrolló de manera virtual e inició el 11 de febrero y culminó este día, es proporcionar a los participantes un estudio especializado de la Auditoría Forense, y dotarles de la capacidad de detectar situaciones que puedan derivar en actos de corrupción o ilícitos de tipo penal sobornos, colusión, fraude, lavado de dinero, falsificación o alteración de documentos, entre otros.
En el seminario se incluyó los siguientes temas: una introducción conceptual; la evolución de esta especialización investigativa; objetivos, enfoques, tipos y características de auditoría forense; su relación con el peritaje contable; sus fases; la evaluación de riesgos, técnicas y procedimientos; metodología de investigación; la evidencia; fuentes de obtención y características; técnicas de análisis de documentación, estructura del informe y ejercicios prácticos.
En la actividad se contó con el apoyo y acompañamiento del fiscal general, Raúl Melara y de Walter Perkel, de la Oficina del Programa Internacional de Desarrollo, Asistencia y Formación Judicial del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos, y de Jorge Wilfredo Peralta Cerritos, representante de Pricewaterhouse Coopers, de México.
La Auditoría Forense forma parte de los objetivos estratégicos 2018-2021 de la CCR, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pero en paralelo, busca la permanente profesionalización del talento humano de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Antonio Anzora Quiroz; la Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, presentaron este día ante el Pleno Legislativo, el Informe de Labores correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
Las autoridades de la Corte de Cuentas informaron a los diputados sobre los resultados y contribuciones de esta Entidad Fiscalizadora para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, así como de las acciones para fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, desarrollada a lo largo del período informado.
“Hemos impulsado la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; principios básicos que deben de regir a todas las entidades y organismos sujetos de fiscalización y que ejerzan de manera efectiva sus controles internos”, destacó el Presidente Anzora Quiroz, durante la presentación del Informe.
La CCR recibió en el 2020 una asignación presupuestaria de $44,272,575, de los cuales, producto del manejo eficiente y eficaz de los recursos, ejecutó un monto de $41,114,612.87, significando un porcentaje del 92.87%.
Durante el período que se informa, la Corte y sus Oficinas Regionales de Santa Ana, San Vicente y San Miguel, ejecutaron 526 acciones de control, de las cuales 108 corresponden a Auditorías y 418 a Exámenes Especiales; asimismo se determinó un total de 1,584 hallazgos de los cuales, 151 son de carácter financiero, 122 de control interno y 1,311 de cumplimiento legal.
Producto de estas acciones de control se determinaron montos patrimoniales por un valor de $42,473,685.37; de ellos, $24,154,901.68 corresponden a Exámenes Especiales y $18,318,783.69 a Auditorías.
En materia jurisdiccional, las 7 Cámaras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas administraron 622 expedientes y se emitieron 155 sentencias; de ellas, se impusieron montos condenatorios por $6,176,857.82.
Por su parte, la Cámara de Segunda Instancia, conformada por el Presidente, la Primera Magistrada y el Segundo Magistrado, sustanció durante el mismo periodo un total de 1,512 recursos de apelación y de revisión. Asimismo, impuso montos condenatorios por $509,611.67.
Fundamentado en los resultados de los Juicios de Cuentas, esta Entidad Fiscalizadora Superior emitió un total de 404 finiquitos.
A través del Departamento de Apoyo Técnico para el Control de la Inversión Pública (DECIP) de la Corte de Cuentas se realizaron estudios de evaluación técnica a 373 proyectos de inversión pública, de los cuales 353 corresponden a obras civiles y 20 a electrificación, por un monto de $101,790,587.31. Además, se evaluaron 251 contratos de supervisión por un monto de $9,497,476.60.
A requerimiento de instituciones del Gobierno Central, la Fiscalía General de la República y tribunales del Órgano Judicial, esta Entidad Fiscalizadora Superior realizó un total de 74 peritajes de Auditoría.
Con base a los principios de transparencia y rendición de cuentas se implementó el “Plan de Fiscalización de los Recursos Utilizados en el Marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19”; asimismo, se emitieron los “Lineamientos para la liquidación de fondos FODES, utilizados para atender la Emergencia Nacional decretada por la Pandemia del COVID-19”, dirigidos a las 262 municipalidades del país.
En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, se recibió un total de 182 requerimientos de información institucional; de las cuales se tramitaron y notificaron 179 en un promedio de 10 días. En materia de participación ciudadana se administraron 183 denuncias que fueron remitidas a las respectivas unidades organizativas de la CCR.
Dando cumplimiento al mandato constitucional establecido en los Artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea Legislativa dicho documento que contiene a grandes rasgos los resultados obtenidos en la labor de fiscalización del uso efectivo y transparente de los fondos puestos a disposición de la Administración Pública, en beneficio de la sociedad salvadoreña.
Este ocho de marzo, el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas junto al talento humano conmemoró el “Día nacional e internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”, como parte de su visión de crear un ambiente de igualdad y equidad en la institución.
Durante el evento organizado por la Unidad de Género Institucional (UGI), se desarrolló un conversatorio con la participación de personal femenino de esta Corte, quienes expusieron sobre su experiencia y carrera administrativa.
En la actividad, el presidente Roberto Anzora, manifestó que los derechos de las mujeres es una de las mayores conquistas que se han logrado “vaya con ustedes todo mi respeto y reconocimiento”, sostuvo.
Por su parte, la primera magistrada Maria del Carmen Martinez, recordó que los objetivos de la UGI “es sensibilizar y visibilizar la violencia contra las mujeres e insto a confiar y denunciar cualquier tipo de violencia que estén sufriendo ante la UGI”.
El segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek, exhorto “El hecho de ser mujeres les da una verdadera autonomía, una verdadera posición en la sociedad, llamo a la sororidad para que entre ustedes se cuiden, se soporten, que tengan conexiones y que por favor nunca justifiquen a un agresor”.
La jornada conmemorativa arrancó por la mañana con la entrega de un cactus al talento femenino, que simbolizan resiliencia y fortaleza, características que las mujeres tienen para sobreponerse a las adversidades y en concordancia con el evento que fue denominado: “Manos de mujer sembrando igualdad, cosechando equidad”.
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La Corte de Cuentas de la República (CCR) emitirá en los próximos días un instructivo para el traspaso ordenado de los gobiernos locales, conforme a los resultados de la elección del 28 de febrero recién pasado.
La Constitución de la República en su artículo 195 le asigna a la CCR la atribución de fiscalizar la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular. En esta misma dirección, la Ley de la Corte de Cuentas en sus artículos 4 y 24 le establece que, en tanto, es el organismo rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, debe emitir instructivos con recomendaciones de auditoría tendientes a evitar el cometimiento de irregularidades en la gestión gubernamental.
Las autoridades superiores de la CCR son las responsables de emitir dicho instructivo, el cual en sí mismo constituye un instrumento técnico que estandariza la metodología para la entrega por parte de los concejos municipales que concluyen su labor el 30 de abril de 2021 y la recepción de las municipalidades por parte del gobierno que iniciará gestión el 1 de mayo de 2021.
A grandes rasgos dicho instructivo contempla el nombramiento y presentación de las comisiones de los gobiernos entrante y saliente, el ordenamiento y disposición de la documentación oficial, la formalización de la entrega y recepción de los bienes, fondos, valores, depósitos en bancos, inversiones, especies, y libros de actas, entre otros registros municipales.
Auditores de la CCR presencian estos traspasos y para dejar constancia escrita de los mismos, la Entidad Fiscalizadora diseña los formularios pertinentes.
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El manejo responsable del proceso y tratamiento de residuos inorgánicos es uno de los compromisos de la Corte de Cuentas de la República a través de la Unidad Ambiental. Uno de estos tipos de desechos son las unidades vacías de cartuchos de tinta de impresoras que, luego de su uso, deben ser reciclados debido a que tiene componentes contaminantes y nocivos para la salud.
Luego de recolectarse 37 tóner y almacenados temporalmente desde el mes de enero por las diferentes Áreas Organizativas, la Unidad Ambiental hizo la entrega de estos residuos a la empresa DPG, por ser uno de sus proveedores y la que se encargará de darle un proceso final.
En este proceso, el Almacén Institucional recolecta estos tóneres que ya caducaron de las Áreas, tanto de su sede central como de sus tres regionales. Estos materiales son resguardados en una bodega y se registran en un informe con descripción, marca de los impresores, código, color de la tinta utilizada y la cantidad.
Es la Unidad Ambiental la encargada de realizar el traslado de estos recursos inorgánicos hasta la empresa con la que se tiene un convenio para que estos desechos no se mezclen con la basura y tenga un tratamiento respectivo.
Finalmente, la entidad fiscalizadora respalda documentalmente esta entrega de residuos inorgánicos, con el mismo proceso que se realiza con los derechos como el papel, cartón, diarios oficiales, periódicos, plásticos, aluminio y desechos ferrosos, para transparentar este proceso.
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La Primera magistrada María del Carmen Martínez Barahona, en representación del Organismo de Dirección, este 22 de febrero del presente año felicitó la labor de tres representantes del Talento Humano, quienes recientemente concluyeron su participación en el Curso Virtual Sincrónico, realizado por la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA-San Salvador.
La funcionaria se reunió con Marina Esmeralda Colocho, jefe de equipo de la Dirección de Auditoría 5; Jorge Alberto Rivas, auditor de la Dirección de Auditoría 5 y Luis Francisco Sara Escobar, auditor de la Dirección de Auditoría 3; con quienes conversó sobre la experiencia que tuvieron en el evento, en el que participaron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay.
El curso, que se llevó a cabo el 12 de enero pasado, tuvo como Estudio de Caso: Corrupción Pública Internacional y se centró en la investigación de un caso de soborno internacional que se originó en el punto en el que los asuntos comerciales intergubernamentaes se superponen.
En el mismo, se hizo énfasis en cómo el soborno fomenta una cultura de impunidad y de corrupción reiterada, socaba el funcionamiento de las instituciones públicas y alimenta la percepción pública de que los gobiernos y las burocracias se venden al mejor postor.
En el curso virtual se estudió a su vez cómo la investigación involucró a profesionales de negocios que pagaron sobornos a funcionarios públicos para obtener beneficios personales, mostrando un claro ejemplo de soborno y el lavado de dinero en su forma más pura.
El Organismo de Dirección de esta Entidad Fiscalizadora recibió recientemente la presentación de la propuesta "Control de Calidad y aseguramiento de calidad de los procesos de fiscalización de la Corte de Cuentas de la República”.
El presidente de la CCR, Roberto Antonio Anzora Quiroz; la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, analizaron detenidamente y discutieron posteriormente cada punto incluido en la presentación hecha por la subdirectora de auditoría interna, Raquel Ponce de Herrera y el subdirector de control de calidad de auditoría, Fidel Antonio Mendoza.
Se requiere que esta normativa se implemente en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para asegurar resultados de calidad en las diferentes auditorías que se realizan y con ello cumplir estándares internacionales.
La propuesta sugiere que se adopten los controles de calidad siguientes:
El Organismo de Dirección de esta Entidad Fiscalizadora junto a organizaciones de la sociedad civil presentó hoy, en la Asamblea Legislativa, un pliego de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR); al Código Penal y a la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta.
La propuesta de reformas es producto de un proceso participativo que incluyó el aporte de organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Acción Ciudadana (AC) y de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA).
Junto a ellos, el presidente de esta Entidad Fiscalizadora, Roberto Antonio Anzora Quiroz; la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona; el segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño y su equipo de trabajo, conformaron una “Mesa Técnica para el fortalecimiento de la Corte de Cuentas y su trabajo fiscalizador”.
Con esta iniciativa se pretende dar a la Corte de Cuentas, mayor y mejores herramientas para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Dentro de las innovaciones que plantean los proyectos están:
Reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador:
Reformas al Código Penal:
Reformas a la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta:
El pliego de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República fue recibido por diputados del Órgano Legislativo y en los próximos días pasará a la comisión respectiva, para su estudio y análisis.
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