El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República (CCR),  integrado por el presidente, Roberto Antonio Anzora Quiroz, la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, realizó el acto de clausura del seminario: Auditoría Forense, en la cual 30 participantes recibieron su diploma y ahora forman parte de un grupo de auditores especializado en esta temática, lo cual les permitirá desarrollar un trabajo de fiscalización más profesional y con altos estándares de calidad.

Este seminario, coordinado por el Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP), estuvo dirigida a directores, subdirectores de las siete direcciones de Auditoría, e incluyó a jefes de equipos, asesores, técnicos, auditores y colaboradores jurídicos, tanto de la sede central como de las regionales de la Corte de Cuentas.

El objetivo de la capacitación que se desarrolló de manera virtual e inició el 11 de febrero y culminó este día, es proporcionar a los participantes un estudio especializado de la Auditoría Forense, y dotarles de la capacidad de detectar situaciones que puedan derivar en actos de corrupción o ilícitos de tipo penal sobornos, colusión, fraude, lavado de dinero, falsificación o alteración de documentos, entre otros.

En el seminario se incluyó los siguientes temas: una introducción conceptual; la evolución de esta especialización investigativa; objetivos, enfoques, tipos y características de auditoría forense; su relación con el peritaje contable; sus fases; la evaluación de riesgos, técnicas y procedimientos; metodología de investigación; la evidencia; fuentes de obtención y características; técnicas de análisis de documentación, estructura del informe y ejercicios prácticos.

En la actividad se contó con el apoyo y acompañamiento del fiscal general, Raúl Melara y de Walter Perkel, de la Oficina del Programa Internacional de Desarrollo, Asistencia y Formación Judicial  del Departamento de Justicia de Los Estados Unidos,  y de Jorge Wilfredo Peralta Cerritos, representante de Pricewaterhouse Coopers, de México.

La Auditoría Forense forma parte de los objetivos estratégicos 2018-2021 de la CCR, para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pero en paralelo, busca la permanente profesionalización del talento humano de la Entidad Fiscalizadora Superior.

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Antonio Anzora Quiroz; la Primera Magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, y el Segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, presentaron este día ante el Pleno Legislativo, el Informe de Labores correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Las autoridades de la Corte de Cuentas informaron a los diputados sobre los resultados y contribuciones de esta Entidad Fiscalizadora para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, así como de las acciones para fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, desarrollada a lo largo del período informado.

“Hemos impulsado la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; principios básicos que deben de regir a todas las entidades y organismos sujetos de fiscalización y que ejerzan de manera efectiva sus controles internos”, destacó el Presidente Anzora Quiroz, durante la presentación del Informe.

La CCR recibió en el 2020 una asignación presupuestaria de $44,272,575, de los cuales, producto del manejo eficiente y eficaz de los recursos, ejecutó un monto de $41,114,612.87, significando un porcentaje del 92.87%.

Durante el período que se informa, la Corte y sus Oficinas Regionales de Santa Ana, San Vicente y San Miguel, ejecutaron 526 acciones de control, de las cuales 108 corresponden a Auditorías y 418 a Exámenes Especiales; asimismo se determinó un total de 1,584 hallazgos de los cuales, 151 son de carácter financiero, 122 de control interno y 1,311 de cumplimiento legal.

Producto de estas acciones de control se determinaron montos patrimoniales por un valor de  $42,473,685.37; de ellos, $24,154,901.68 corresponden a Exámenes Especiales y $18,318,783.69 a Auditorías.

En materia jurisdiccional, las 7 Cámaras de Primera Instancia de la Corte de Cuentas administraron 622 expedientes y se emitieron 155 sentencias; de ellas, se impusieron montos condenatorios por $6,176,857.82.

Por su parte, la Cámara de Segunda Instancia, conformada por el Presidente, la Primera Magistrada y el Segundo Magistrado, sustanció durante el mismo periodo un total de 1,512 recursos de apelación y de revisión. Asimismo, impuso montos condenatorios por $509,611.67.

Fundamentado en los resultados de los Juicios de Cuentas, esta Entidad Fiscalizadora Superior emitió un total de 404 finiquitos.

A través del Departamento de Apoyo Técnico para el Control de la Inversión Pública (DECIP) de la Corte de Cuentas se realizaron estudios de evaluación técnica a 373 proyectos de inversión pública, de los cuales 353 corresponden a obras civiles y 20 a electrificación, por un monto de $101,790,587.31. Además, se evaluaron 251 contratos de supervisión por un monto de $9,497,476.60.

A requerimiento de instituciones del Gobierno Central, la Fiscalía General de la República y tribunales del Órgano Judicial, esta Entidad Fiscalizadora Superior realizó un total de 74 peritajes de Auditoría.

Con base a los principios de transparencia y rendición de cuentas se implementó el “Plan de Fiscalización de los Recursos Utilizados en el Marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19”; asimismo, se emitieron los “Lineamientos para la liquidación de fondos FODES, utilizados para atender la Emergencia Nacional decretada por la Pandemia del COVID-19”, dirigidos a las 262 municipalidades del país.

En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, se recibió un total de 182 requerimientos de información institucional; de las cuales se tramitaron y notificaron 179 en un promedio de 10 días. En materia de participación ciudadana se administraron 183 denuncias que fueron remitidas a las respectivas unidades organizativas de la CCR.

Dando cumplimiento al mandato constitucional establecido en los Artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas presentó a la Asamblea Legislativa dicho documento que contiene a grandes rasgos los resultados obtenidos en la labor de fiscalización del uso efectivo y transparente de los fondos puestos a disposición de la Administración Pública, en beneficio de la sociedad salvadoreña.

Este ocho de marzo, el Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas junto al talento humano conmemoró el “Día nacional e internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres”, como parte de su visión de crear un ambiente de igualdad y equidad en la institución.

Durante el evento organizado por la Unidad de Género Institucional (UGI), se desarrolló un conversatorio con la participación de personal femenino de esta Corte, quienes expusieron sobre su experiencia y carrera administrativa.

En la actividad, el presidente Roberto Anzora, manifestó que los derechos de las mujeres es una de las mayores conquistas que se han logrado “vaya con ustedes todo mi respeto y reconocimiento”, sostuvo.

Por su parte, la primera magistrada Maria del Carmen Martinez, recordó que los objetivos de la UGI “es sensibilizar y visibilizar la violencia contra las mujeres e insto a confiar y denunciar cualquier tipo de violencia que estén sufriendo ante la UGI”.

El segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek, exhorto “El hecho de ser mujeres les da una verdadera autonomía, una verdadera posición en la sociedad, llamo a la sororidad para que entre ustedes se cuiden, se soporten, que tengan conexiones y que por favor nunca justifiquen a un agresor”.

La jornada conmemorativa arrancó por la mañana con la entrega de un cactus al talento femenino, que simbolizan resiliencia y fortaleza, características que las mujeres tienen para sobreponerse a las adversidades y en concordancia con el evento que fue denominado: “Manos de mujer sembrando igualdad, cosechando equidad”.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) emitirá en los próximos días un instructivo para el traspaso ordenado de los gobiernos locales, conforme a los resultados de la elección del 28 de febrero recién pasado.

La Constitución de la República en su artículo 195 le asigna a la CCR la atribución de fiscalizar la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular. En esta misma dirección, la Ley de la Corte de Cuentas en sus artículos 4 y 24 le establece que, en tanto, es el organismo rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública, debe emitir instructivos con recomendaciones de auditoría tendientes a evitar el cometimiento de irregularidades en la gestión gubernamental.

Las autoridades superiores de la CCR son las responsables de emitir dicho instructivo, el cual en sí mismo constituye un instrumento técnico que estandariza la metodología para la entrega por parte de los concejos municipales que concluyen su labor el 30 de abril de 2021 y la recepción de las municipalidades por parte del gobierno que iniciará gestión el 1 de mayo de 2021.

A grandes rasgos dicho instructivo contempla el nombramiento y presentación de las comisiones de los gobiernos entrante y saliente, el ordenamiento y disposición de la documentación oficial, la formalización de la entrega y recepción de los bienes, fondos, valores, depósitos en bancos, inversiones, especies, y libros de actas, entre otros registros municipales.

Auditores de la  CCR presencian estos traspasos y para dejar constancia escrita de los mismos, la Entidad Fiscalizadora diseña los formularios pertinentes.