Los titulares de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Roberto Anzora Quiroz; de la Contraloría General de Guatemala, Edwin  Salazar; y del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, Roy Pineda Castro, se reunieron en San Salvador con la finalidad de intercambiar experiencias  en temas relacionados al fortalecimiento de las capacidades de las Entidades Superiores en materia de fiscalización de los recursos públicos, enfoque de prevención de la corrupción, y en los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de auditoría social.

El Encuentro Regional de Entidades Fiscalizadoras Superiores de El Salvador, Honduras y Guatemala, se realizó el miércoles en la sede central de la CCR y se dio en el marco del convenio suscrito por los tres países en materia de buena gobernanza, transparencia y el intercambio de buenas prácticas.

El presidente de la CCR y anfitrión, Roberto Anzora,  destacó que durante la reunión se compartieron “experiencias y buenas prácticas que fortalecen nuestro accionar en torno al mandato que tenemos las entidades de fiscalización los recursos públicos; es así que hemos revisado de cómo poder potenciar el tema de participación ciudadana, de transparencia y de rendición de cuentas con el objetivo de contribuir a que estas entidades transparenten el uso de los recursos públicos en beneficio de nuestras sociedades”.

“El propósito de esta reunión fue siempre unir lazos de amistad, impulsar siempre en la prevención y combate a la corrupción con integridad, eficiencia y transparencia de nuestras entidades fiscalizadoras; además, el intercambio de las buenas prácticas que implementamos en los tres países. La reunión fue muy exitosa; estamos viendo muchas temas de fortalecimiento para la región del Triángulo Norte y seguimos trabajando en la prevención y dando las experiencias que tenemos en cada país para fortalecer las distintas áreas”, manifestó el Contralor General de Guatemala, Edwin Salazar.

Por su parte, Roy Pineda Castro, miembro del Pleno del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras,  destacó que en el encuentro se desarrollaron “temas como las auditorías de desempeño, para conocer el tema que las Contralorías tienen en sus planes estratégicos, conocer con los entes reguladores de las elecciones de cada uno de los países para verificar financiamientos a las campañas políticas y el rol de los entes contralores en el mismo tema”.

Recalcaron la importancia de fortalecer la conciencia, la educación ciudadana en la prevención de la corrupción; de desarrollar una cultura de integridad, de transparencia, de generar auténticos sistemas de denuncias, de cero tolerancia a la corrupción en cada uno de los países.

Las EFS de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron en junio anterior un Convenio de Cooperación 2021-2025, con el propósito de implementar mecanismos e intercambio de procedimientos y sistemas que fortalezcan el buen uso de los recursos públicos.

En representación del Organismo de Dirección, la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, dictó el viernes 15 de octubre la “Conferencia Magistral de la OLACEFS en el Control Gubernamental: Lecciones aprendidas de la fiscalización realizada por la Corte de Cuentas de El Salvador en tiempos de pandemia Covid-19”, en la que participaron funcionarios de las diferentes EFS de la región.

Destacó la primera magistrada que desde marzo de 2020 cuando se decretó la emergencia y la cuarentena en el país, la Corte de Cuentas emitió el “Plan Especial de Fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la pandemia por Covid-19” y se iniciaron auditorías casi en tiempo real y de manera oportuna.

Manifestó que la CCR se ha insertado a la era técnica y que la pandemia del Covid-19 obligó y dio oportunidades de mejora a la CCR, para adaptar e implementar mecanismos tecnológicos para comunicar los informes de auditoría o los hallazgos, para lo cual hubo que modificar las normativas internas.

“La pandemia no nos ha detenido en nuestra lo labor de fiscalización, sino que nos ha obligado a reinventarnos para llevar a cabo las auditorías y garantizar el uso racional de los recursos asignados para el combate de la pandemia por Covid-19”, expresó Martínez Barahona durante la ponencia realizada vía virtual y coordinada por la Escuela Nacional de Control, de la OLACEFS.

Resaltó que con solo el 10 por ciento de la planilla laboral trabajando de manera presencial, se crearon grupos focales de auditoría para cada rubro y se diseñaron líneas específicas de fiscalización para auditar a las entidades y ministerios que usaron fondos para la contratación y compras de insumos durante la emergencia.

En ese marco, la primera magistrada aseguró que se fiscalizaron $612,363,033, que el gobierno administró a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), y que 6 auditorías ya fueron concluidas y pasaron a la fase del juicio de cuentas.

Agregó que la Corte de Cuentas también emitió lineamientos a los 262 Concejos Municipales de todo el país, como una guía para que pudieran documentar la utilización de los recursos asignados para la atención de la emergencia por el Covid-19.

“Como Entidad Fiscalizadora Superior hemos contribuido a la transparencia en el manejo de los fondos públicos, a la rendición de cuentas y a la denuncia ciudadana, en beneficio de la población”, externó la miembro del Organismo de Dirección.

La funcionaria informó, además, que han sido capacitados 142 Concejos Municipales y 428 servidores públicos en materia de Sistema de Control Interno y Auditoría de la Gestión Pública, como parte de la apuesta de la CCR por la creación de capacidades en la función pública.

La primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, finalizó la Conferencia Magistral de la OLACEFS en el Control Gubernamental: Lecciones aprendidas de la fiscalización realizada por la Corte de Cuentas de El Salvador en tiempos de pandemia Covid-19, dando respuesta a varias preguntas relacionadas a esa temática.

La EFS salvadoreña manifiestó su agradecimiento a la OLACEFS y a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General del Perú por abrir espacios para el intercambio de experiencias que contribuyen a la mejora continua de la fiscalización gubernamental en toda la región.

En representación del Organismo de Dirección, la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, dictó el viernes 15 de octubre la “Conferencia Magistral de la OLACEFS en el Control Gubernamental: Lecciones aprendidas de la fiscalización realizada por la Corte de Cuentas de El Salvador en tiempos de pandemia Covid-19”, en la que participaron funcionarios de las diferentes EFS de la región.

Destacó la primera magistrada que desde marzo de 2020 cuando se decretó la emergencia y la cuarentena en el país, la Corte de Cuentas emitió el “Plan Especial de Fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la pandemia por Covid-19” y se iniciaron auditorías casi en tiempo real y de manera oportuna.

Manifestó que la CCR se ha insertado a la era técnica y que la pandemia del Covid-19 obligó y dio oportunidades de mejora a la CCR, para adaptar e implementar mecanismos tecnológicos para comunicar los informes de auditoría o los hallazgos, para lo cual hubo que modificar las normativas internas.

“La pandemia no nos ha detenido en nuestra lo labor de fiscalización, sino que nos ha obligado a reinventarnos para llevar a cabo las auditorías y garantizar el uso racional de los recursos asignados para el combate de la pandemia por Covid-19”, expresó Martínez Barahona durante la ponencia realizada vía virtual y coordinada por la Escuela Nacional de Control, de la OLACEFS.

Resaltó que con solo el 10 por ciento de la planilla laboral trabajando de manera presencial, se crearon grupos focales de auditoría para cada rubro y se diseñaron líneas específicas de fiscalización para auditar a las entidades y ministerios que usaron fondos para la contratación y compras de insumos durante la emergencia.

En ese marco, la primera magistrada aseguró que se fiscalizaron $612,363,033, que el gobierno administró a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), y que 6 auditorías ya fueron concluidas y pasaron a la fase del juicio de cuentas.

Agregó que la Corte de Cuentas también emitió lineamientos a los 262 Concejos Municipales de todo el país, como una guía para que pudieran documentar la utilización de los recursos asignados para la atención de la emergencia por el Covid-19.

“Como Entidad Fiscalizadora Superior hemos contribuido a la transparencia en el manejo de los fondos públicos, a la rendición de cuentas y a la denuncia ciudadana, en beneficio de la población”, externó la miembro del Organismo de Dirección.

La funcionaria informó, además, que han sido capacitados 142 Concejos Municipales y 428 servidores públicos en materia de Sistema de Control Interno y Auditoría de la Gestión Pública, como parte de la apuesta de la CCR por la creación de capacidades en la función pública.

La primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, finalizó la Conferencia Magistral de la OLACEFS en el Control Gubernamental: Lecciones aprendidas de la fiscalización realizada por la Corte de Cuentas de El Salvador en tiempos de pandemia Covid-19, dando respuesta a varias preguntas relacionadas a esa temática.

La EFS salvadoreña manifiestó su agradecimiento a la OLACEFS y a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General del Perú por abrir espacios para el intercambio de experiencias que contribuyen a la mejora continua de la fiscalización gubernamental en toda la región.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) el 13 de octubre presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 de esta Entidad Fiscalizadora Superior.

Este documento, que es la hoja de ruta para garantizar la adecuada fiscalización del uso de los recursos públicos en beneficio de la sociedad salvadoreña, culmina con un proceso participativo que incluyó los aportes de las diferentes unidades organizativas de la CCR.

El PEI 2021-2024 estará regido por un conjunto de valores centrados en la Independencia, Transparencia, Compromiso, Objetividad e Integridad.

Contextualizar el proceso de formulación del PEI 2021-2024 y la presentación de su contenido estuvo a cargo del consultor internacional Luis Esteban Arrieta.

“Una EFS moderna, confiable, que es parte del engranaje transparente y especializada en sus procesos es lo que la CCR debe buscar siempre, mejorar su modelo de gestión”.

“La participación ciudadana para el ejercicio del control fiscal es fundamental, queremos ampliar el control social en este nuevo PEI, por ello, son importantes los ejes: Participación Ciudadana, Transparencia y Rendición de Cuentas”, destacó Arrieta.

El presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, en representación del Organismo de Dirección, externó su agradecimiento por apoyo brindado, por la asistencia técnica y logística en la conformación de talleres y reuniones de trabajo para la formulación del Plan, calificándolo como una “herramienta de dirección que hemos construido con una definición clara del futuro que esperamos para nuestra Institución, el cual establece el pensamiento estratégico que conforma nuestra Misión, Valores y la Visión proyectada para el año 2024”.

“Asumimos el compromiso directivo y ejecutivo de adoptar y socializar los programas, proyectos y macro actividades establecidas; para el cumplimiento de sus respectivas metas estratégicas y contribuir al fortalecimiento de la Institución, poniendo al centro de nuestro accionar a la sociedad; fomentando la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y prevención de la corrupción”, indicó el presidente de la CCR.

Con más de 70 empleados de la Corte de Cuentas de la República se realizó este  01 de octubre la elección de los representantes propietario y suplente de las Comisiones de Servicio Social. Los que obtuvieron mayor número de votos fueron los licenciados Griselda Mercedes Guardado y Gabriel Enrique Valdivieso, respectivamente.

El Director de Recursos Humanos, Ramón Castaneda, dio las palabras de apertura para la celebración de esta actividad y se contó con la participación de la Licenciada Antonieta Garay, delegada del Tribunal del Servicio Civil, quien dio legitimidad al proceso de votación.

Se definió una terna para conformar la mesa del Comité de Elección: Silvia Coto Amaya, Jorge Alberto Carballo y Luis Gil. Ellos estuvieron a cargo de contar los votos, a registrarlos para garantizar un proceso de transparencia.

Luego se propuso libremente que los asistentes eligieran a sus candidatos. Además de Griselda Guardado y Gabriel Valdivieso participaron Jonathan Tobar Canizález y Carkis Roberto Vásquez.

Hubo una primera votación para elegir al representante propietario, eligiéndose así a Griselda Guardado con 43 votos. Luego, se procedió en una segunda votación a elegir al representante suplente entre los tres candidatos restantes, resultando favorecido por mayoría Gabriel Valdivieso con 60 votos.

La licenciada Guardado, quien pasa a ocupar el cargo de representante propietaria de la Comisión de Servicio Social, adelantó que revisará los expedientes archivados del personal que ha presentado problemas laborales. También mencionó "Estudiemos bien cada caso que se presenta a la Comisión de la Sociedad Civil, gracias por la confianza y sobre todo trabajando como lo hemos venido haciendo en el área sindicalista que es reivindicar y luchar por los derechos de los trabajadores".

Por su parte, el Licenciado Valdivieso, quien es representante suplente de esta comisión, agregó "Gracias a todos los compañeros que nos han apoyado, estoy plenamente satisfecho porque la compañera Griselda es una persona idónea en esta comisión, sabe mucho de derecho humano y nos va a saber representar. Me siento feliz de ser suplente de ella y con plena confianza trabajaremos bien por nuestros compañeros".

En este evento participó Talento Humano de la Sede Central y Regional Santa Ana de la Corte de Cuentas.

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